Con fundamento
en el contrato celebrado entre el Instituto de Estudios del Ministerio Público,
IEMP, y Consultoría Jurídica de Colombia, en el presente libro nos permitimos
presentar la recopilación jurisprudencial y los pronunciamientos emitidos por
la Procuraduría General de la Nación en el ámbito de la Contratación Estatal a
partir de la expedición de la Ley 1.150 de 2.007.
En esa medida
ponemos a disposición del público un trabajo de investigación realizado durante
seis (6) meses donde hemos logrado identificar los problemas jurídicos más
relevantes en la contratación que realizan las entidades sometidas al régimen
general del Estatuto General de Contratación Administrativa que adelantan las
entidades públicas.
Como
metodología de este estudio realizamos una recopilación de providencias
judiciales y decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación,
donde logramos recopilar 1.151 sentencias del Consejo de Estado, 188 sentencias
de la Corte Constitucional, 58 sentencias de la Corte Suprema de Justicia y 177
fallos de la Procuraduría.
Esta materia
prima nos permitió empezar a realizar un diagnóstico de los temas más
relevantes tratados por las altas cortes y por la cabeza del Ministerio Público
para identificar los temas más sobresalientes en los últimos nueve (9) años de
actividad contractual, los cuales coinciden con la expedición de la Ley 1.150
de 2.007 la cual cumplirá en 2.017 diez (10) años de vigencia.
Sin lugar a
dudas la expedición de la Ley 1.150 de 2.007 generó una gran expectativa en la
aplicación de su normatividad, la cual hoy podemos decir que fue de mucho valor
para la mejora de la actividad contractual.
En efecto, no cabe duda que esta ley aporta y complementa en buena parte
la contratación del Estado regulada principalmente por la Ley 80 de 1.993, incluyendo
unas políticas públicas más que pertinentes, por ejemplo el libre y gratuito
acceso a los pliegos de condiciones para la presentación de ofertas, la
publicidad en las actuaciones administrativas a través del SECOP, la potestad
para aplicar multas, la cláusula penal pecuniaria y la declaratoria de
incumplimiento, la regulación de la revocatoria del acto de adjudicación, la
regulación de la liquidación del contrato, el fortalecimiento de principios
aplicables al contrato estatal independientemente del régimen de selección de
contratistas y sin lugar a dudas la materia prima para que Colombia Compra
Eficiente empiece a regular los Acuerdos Marco de Precio, instrumento que puede
configurarse como una gran herramienta para disminuir la corrupción.
De igual manera
disposiciones posteriores aunaron esfuerzos para reforzar las contrataciones
públicas, fue así como la Ley 1.474 de 2.011 y el Decreto Ley 019 de 2.012
aparecieron en el mundo jurídico para aportar con diferentes elementos, por
ejemplo; la limitación en contratos interadministrativos, la creación de nuevas
inhabilidades e incompatibilidades, el procedimiento verbal en juicios
fiscales, la eliminación de publicaciones en diarios de amplia circulación,
etc.
No obstante, es
de recordar que la implementación de la Ley 1.150 no ha sido pacífica, es más,
hasta el momento no ha sido posible su reglamentación total, al punto que se ha
puesto a disposición del público un borrador de reforma integral a la
contratación para derogar todo el ordenamiento actual.
Claramente al
país le ha costado mucho esfuerzo acoplarse a la iniciativa presentada por las
disposiciones reguladas a partir de 2.007, basta con recordar que en dos
momentos diferentes nos encontramos sin procedimiento para la contratación de
mínima cuantía, la implementación de los procedimientos de bolsa de productos y
subasta inversa han quedado en deuda frente a las expectativas que inicialmente
se tuvieron, el concurso de méritos ha sido una modalidad de selección de
contratistas modificada en todos sus aspectos por los decretos reglamentarios,
al punto de hacer inane la aplicación de los concurso con precalificación.
Adicionalmente no nos alcanzaría el tiempo y espacio para señalar todos los
problemas encontrados en la modificación realizada al Registro Único de Proponentes
y sobre todo al deber de selección objetiva, el cual se necrosa frente a
nuestra impávida vista.
Es por esto que
desde el Instituto de Estudios del Ministerio Público se ha buscado construir
una herramienta por la cual se permita al público acceder a una recopilación de
problemas jurídicos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual,
agrupando con ello las providencias y fallos más representativos en estos
últimos años de contratación. Así las cosas,
hemos desarrollado una compilación de documentos que permiten resumir en estas
publicaciones las respuestas de una forma concreta y puntual, pero
adicionalmente se encontrará en los archivos magnéticos los textos en mayor
extensión para aquellos interesados en ahondar sobre el pronunciamiento
realizado por la autoridad competente.
En este primer
volumen se presentará una parte dogmática de los principios constitucionales,
del principio de autonomía de voluntad de las partes, del principio de
publicidad y sobre todo de los principios especiales de la contratación pública,
en el segundo volumen se presentará un estudio del contrato estatal, su
terminación y liquidación.
