PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TOMO II

Han sido materia de estudio en nuestro trabajo la jurisprudencia y fallos de la Procuraduría General de la Nación en los últimos nueve años de vigencia de la Ley 1150 de 2007. En este tiempo hemos podido entender muchos fenómenos jurídicos de nuestro Estado de Derecho, partiendo principalmente del gran papel protagónico que tienen el juez y los organismos de control para el desarrollo del día a día de los servidores públicos en su relación con los particulares, específicamente hablamos de los contratos que celebran entre ellos.

Claramente, no es posible consolidar todos los temas y todas las áreas relacionados con la materia que nos ocupa. A título de ejemplo, encontramos materias que se nos quedan en el tintero, como las garantías, el registro único de proponentes, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los asuntos procesales y los tratados internacionales. Materias de mucha relevancia para nuestra área de la contratación estatal, sobre todo si se parte de la base de un mercado orientado por la libre competencia y el derecho a la igualdad.

Sin lugar a dudas, temas como la asociación de particulares para aunar esfuerzos y lograr cumplir con los indicadores establecidos por los pliegos de condiciones, la responsabilidad fiscal, contractual y extracontractual, los diferentes contratos típicos y atípicos que celebra el Estado y con ello la participación de los organismos auditores de la gestión contractual merecen capítulo aparte y estudios aun más profundos de los que hemos presentado al público en los dos tomos que componen esta obra.

No obstante lo anterior, hemos asumido el gran reto que nos propuso el IEMP de crear un instrumento de estudio práctico sobre problemas jurídicos de la cotidianidad que demanda respuestas inmediatas y satisfactorias para los constantes cambios propios de un mercado creciente, inagotable y necesario para el cumplimiento de los fines constitucionales.

En esa medida hemos abordado esta romántica materia de estudio a partir de la revisión integral de fallos y providencias, en la que destacamos la mayoría de los problemas a partir de principios, perfeccionamiento del contrato, su ejecución y liquidación. Buscamos generar un campo de estudio que relacione la etapa precontractual con la contractual y poscontractual, siguiendo un hilo conductor de temas que en breve se fueron explicando para dar paso a los relevantes pronunciamientos de nuestras Altas Cortes y de la Procuraduría General de la Nación, esta última encargada, entre otros, de velar por ese insoslayable y muchas veces perdido deber de buena conducta de los encargados de cumplir con las funciones públicas.

En el actual momento nos encontramos frente a una necesidad manifiesta del Estado por cumplir los fines constitucionales que se le han encargado; nos encontramos frente a un latente posconflicto que ha generado las mayores alertas dentro de los cimientos mismos de nuestras instituciones, previendo con ello la integral carencia del Estado para acudir a sus particulares colaboradores y solo así lograr cumplir con los compromisos que de una u otra forma ha adquirido en nombre de todo el pueblo a que representa.

Por lo anterior, la contratación estatal en los próximos años tomará un rumbo diferente al conocido; no nos queda duda de que los actuales modelos de contratación no serán suficientes para responder a los requerimientos de las instituciones, por lo que deberá acudirse a las modificaciones del sistema actual para incluir en él unas garantías mucho mayores en la participación transparente y competitiva. Para ello nuestros funcionarios deben contar con herramientas ágiles en mercados que brinden los mayores beneficios para sus compras; dichos mercados no solamente pueden quedar en los límites de nuestro domicilio, sino que deberá hacerse uso de la tecnología para abrir campos más amplios de comercio nacional, llevando ello a una necesidad de mejora en las propuestas que hoy en día se presentan a nuestros procesos de contratación.

No cabe duda de que en un mercado invadido por grandes vendedores online, el Estado debe ser uno de sus usuarios, pero ello correlativamente genera una formación diferente para los gestores de la contratación, puesto que en nada puede convertirse el presupuesto de los colombianos cuando cae en manos de personas buscando sus propios fines y no los supremos. El mayor índice de corrupción se presenta en los contratos con el Estado; eso debe cambiar, no es posible que las necesidades de los más urgidos se queden en las talanqueras de quienes no conciben el cumplimiento de sus deberes legales.

Dentro de este contexto hemos querido indagar en el presente documento cuáles son esos problemas jurídicos que en las modalidades de selección de contratistas y en el marco de la ejecución y liquidación del contrato más afectan la eficaz inversión de los recursos públicos. Se ha encontrado que tanto la contratación directa como la celebración indebida de contratos por la falta de planeación y cumplimiento de formalidades han llevado a imponer sanciones disciplinarias, penales y administrativas, lo cual es muestra de una falencia estructural de las instituciones.

Así las cosas, presentamos al público un trabajo desarrollado con el mayor rigor posible para proponer una herramienta de consulta a los gestores de la Administración y a los particulares que acuden al Estado en pro de un negocio que les permita satisfacer sus intereses. Ahora bien, en ese negocio para unos y otros no debe olvidarse que la razón de su vínculo será la prevalencia del interés general, elemento que infortunadamente y con facilidad se olvida.