Han sido materia de estudio en nuestro trabajo la jurisprudencia y
fallos de la Procuraduría General de la Nación en los últimos nueve años de
vigencia de la Ley 1150 de 2007. En este tiempo hemos podido entender muchos
fenómenos jurídicos de nuestro Estado de Derecho, partiendo principalmente del
gran papel protagónico que tienen el juez y los organismos de control para el
desarrollo del día a día de los servidores públicos en su relación con los
particulares, específicamente hablamos de los contratos que celebran entre
ellos.
Claramente, no es posible consolidar todos los temas y todas las áreas
relacionados con la materia que nos ocupa. A título de ejemplo, encontramos
materias que se nos quedan en el tintero, como las garantías, el registro único
de proponentes, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los
asuntos procesales y los tratados internacionales. Materias de mucha relevancia
para nuestra área de la contratación estatal, sobre todo si se parte de la base
de un mercado orientado por la libre competencia y el derecho a la igualdad.
Sin lugar a dudas, temas como la asociación de particulares para aunar
esfuerzos y lograr cumplir con los indicadores establecidos por los pliegos de
condiciones, la responsabilidad fiscal, contractual y extracontractual, los
diferentes contratos típicos y atípicos que celebra el Estado y con ello la
participación de los organismos auditores de la gestión contractual merecen
capítulo aparte y estudios aun más profundos de los que hemos presentado al
público en los dos tomos que componen esta obra.
No obstante lo anterior, hemos asumido el gran reto que nos propuso el IEMP
de crear un instrumento de estudio práctico sobre problemas jurídicos de la
cotidianidad que demanda respuestas inmediatas y satisfactorias para los
constantes cambios propios de un mercado creciente, inagotable y necesario para
el cumplimiento de los fines constitucionales.
En esa medida hemos abordado esta romántica materia de estudio a partir
de la revisión integral de fallos y providencias, en la que destacamos la
mayoría de los problemas a partir de principios, perfeccionamiento del
contrato, su ejecución y liquidación. Buscamos generar un campo de estudio que
relacione la etapa precontractual con la contractual y poscontractual,
siguiendo un hilo conductor de temas que en breve se fueron explicando para dar
paso a los relevantes pronunciamientos de nuestras Altas Cortes y de la
Procuraduría General de la Nación, esta última encargada, entre otros, de velar
por ese insoslayable y muchas veces perdido deber de buena conducta de los
encargados de cumplir con las funciones públicas.
En el actual momento nos encontramos frente a una necesidad manifiesta
del Estado por cumplir los fines constitucionales que se le han encargado; nos
encontramos frente a un latente posconflicto que ha generado las mayores
alertas dentro de los cimientos mismos de nuestras instituciones, previendo con
ello la integral carencia del Estado para acudir a sus particulares
colaboradores y solo así lograr cumplir con los compromisos que de una u otra
forma ha adquirido en nombre de todo el pueblo a que representa.
Por lo anterior, la contratación estatal en los próximos años tomará un
rumbo diferente al conocido; no nos queda duda de que los actuales modelos de
contratación no serán suficientes para responder a los requerimientos de las
instituciones, por lo que deberá acudirse a las modificaciones del sistema
actual para incluir en él unas garantías mucho mayores en la participación
transparente y competitiva. Para ello nuestros funcionarios deben contar con
herramientas ágiles en mercados que brinden los mayores beneficios para sus
compras; dichos mercados no solamente pueden quedar en los límites de nuestro
domicilio, sino que deberá hacerse uso de la tecnología para abrir campos más
amplios de comercio nacional, llevando ello a una necesidad de mejora en las
propuestas que hoy en día se presentan a nuestros procesos de contratación.
No cabe duda de que en un mercado invadido por grandes vendedores online, el Estado debe ser uno de sus usuarios, pero ello correlativamente
genera una formación diferente para los gestores de la contratación, puesto que
en nada puede convertirse el presupuesto de los colombianos cuando cae en manos
de personas buscando sus propios fines y no los supremos. El mayor índice de
corrupción se presenta en los contratos con el Estado; eso debe cambiar, no es
posible que las necesidades de los más urgidos se queden en las talanqueras de
quienes no conciben el cumplimiento de sus deberes legales.
Dentro de este contexto hemos querido indagar en el presente documento
cuáles son esos problemas jurídicos que en las modalidades de selección de
contratistas y en el marco de la ejecución y liquidación del contrato más
afectan la eficaz inversión de los recursos públicos. Se ha encontrado que tanto
la contratación directa como la celebración indebida de contratos por la falta
de planeación y cumplimiento de formalidades han llevado a imponer sanciones
disciplinarias, penales y administrativas, lo cual es muestra de una falencia
estructural de las instituciones.
Así las cosas, presentamos al público un trabajo desarrollado con el
mayor rigor posible para proponer una herramienta de consulta a los gestores de
la Administración y a los particulares que acuden al Estado en pro de un
negocio que les permita satisfacer sus intereses. Ahora bien, en ese negocio para
unos y otros no debe olvidarse que la razón de su vínculo será la prevalencia
del interés general, elemento que infortunadamente y con facilidad se olvida.
